Esta es la pregunta que se ha hecho el máximo responsable de la política de las cárceles catalanas, Ramon Parés, a la vista del estudio sobre las condiciones de vida en los centros penitenciarios de Catalunya prologado por el rector Joan Tugores y que han elaborado los profesionales del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona.

Este magnífico documento, que refiere diversos hechos bien contrastados en los centros, ha puesto en tela de juicio la política autonómica penitenciaria, que ya había sido criticada por el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), por Justícia i Pau y también por el informe de 2002 de Amnistía Internacional, a raíz de los graves disturbios en la cárcel de Quatre Camins. Hasta 175 situaciones problemáticas son denunciadas ahora; desde presuntos casos de torturas, que actualmente están en trámite en los juzgados, hasta las listas interminables para acceder a servicios tan básicos en un centro penitenciario como el departamento de atención especial para deshabituación de conductas adictivas, conseguir una plaza en los talleres productivos o el sufrimiento psicológico y familiar.

La réplica oficial, acusando de «ideología radical» a los autores de la investigación, no ha sido original. Ya en el motín de la cárcel de Quatre Camins, en junio de 2002, donde se vivieron momentos de descontrol, debido a las reivindicaciones de mejoras en las condiciones de vida y de trabajo que los presos lanzaron al aire desde los tejados, el Ejecutivo denunció las presuntas conexiones exteriores con grupos extremistas, radicales y antisistema. La petición de luz y taquígrafos para que la sospecha que invadía la gestión se pudiera disipar acabó con una gran dispersión y unas cuantas recompensas.

Parece que, hoy, hablar de derechos humanos en las cárceles es, también en Catalunya, propio de planteamientos radicales. Evidentemente se estaba ante una causa radical cuando el diputado Jaume Camps (CiU) envió «a hacer puñetas» a los profesores autores del estudio en su petición al Parlament para poder ac- ceder a las cárceles.

A los ejecutivos y dirigentes que trabajan en las cárceles les costará ver el estudio con objetividad, aunque vayan a las manifestaciones contra la guerra o aguanten la pancarta de la liberación sexual, porque están cogidos por la realidad que se analiza. Se ha de proclamar que no tienen la distancia ni para aceptar las críticas ni para criticar, porque ya forman parte de esta maquinaria carcelaria y avanzan con ella. Se presume de nivel, pero muchas veces desconocen la sensibilidad humana porque ignoran la historia. La cárcel no tiene corazón, porque fagocita sus propias reformas de forma automática. Están para que todo funcione y, como sentencia Ramon Pares a la vista del estudio, «las cárceles funcionan, con problemas, pero funcionan». La miseria de la cárcel es difícil de explicar desde la mediocridad. Día a día han ido sumergiéndose y aceptando situaciones y referentes que desde el exterior, con la libertad de cátedra, no son aceptables. Unos por servilismo y otros porque se identifican fácilmente con el torturador, sea del norte o del sur. Se cede un poquito a causa de la situación laboral precaria que padecen, otro día se cede un paso porque presumen que el itinerario profesional es largo y están a medio camino y, en otras ocasiones, se cede un cacho más para no quedarse sólo en medio de un mar de miradas que acorralarán durante toda la vida laboral.

El proverbio chino dice que la travesía del desierto empieza con un paso, y la aceptación de los maltratos y la violación de los derechos humanos de las personas encarceladas también empieza con un paso, que generalmente no sólo dan los funcionarios de cancela. Después, todo se vuelve «normal», «quasi familiar», y termina no extrañando nada de lo que sucede, hasta el punto de que sorprende (negativamente) que un grupo de estudio de la Universidad denuncie, con el prólogo del rector, que las cárceles catalanas están en una situación que compromete el fin de la pena. El medio, paradójicamente, promueve que sea un acto radical el que se estudien los derechos humanos de los presos.

Estamos ante un terreno invisible, y quien hace de su medio un lugar opaco al exterior durante veinte años es responsable de que la observación de los derechos humanos no se convierta en un acto radical. Por seguir utilizando las palabras de Parés, las prisiones están en Catalunya, pero, a tenor de los datos e información que aporta este documento-estudio, están mirando a Guantánamo. -