Ninguno de los actos delictivos imputados por el ministro español de Interior a los ocho detenidos ayer por orden de la Audiencia Nacional se corresponde con los métodos utilizados por el juez Juan del Olmo: apresamiento por parte de la Guardia Civil, con asalto nocturno a sus viviendas e incomunicación durante varios días antes de pasar a disposición judicial. En el Estado español ­y sobre todo en las operaciones relacionadas con el independentismo vasco­ se abusa sobremanera de métodos policiales como el de la detención, que en las sociedades democráticas se restringen a casos muy específicos. En la mayoría de las ocasiones bastaría con citar a declarar a los imputados, más aún cuando algunos de éstos ya han manifestado en anteriores ocasiones su absoluta disposición a dar cuantas explicaciones fueran necesarias sobre sus respectivas empresas. Para mayor gravedad, cabe recordar que varios de los detenidos en febrero, en el que parece ser el antecedente de esta operación, denunciaron haber sido torturados por la Guardia Civil durante el periodo de incomunicación. Denuncias que se suman a muchas otras existentes. Las detenciones violentas, la incomunicación, el temor a la tortura y la amenaza de la cárcel son parte sustancial de la estrategia que en estos momentos está manteniendo el Estado, que con operaciones de este tipo, la realizada en febrero con el cierre de "Egunkaria" y otras anteriores está mandando a la sociedad vasca el mensaje de que nadie ­ni por su relevancia social, ni por su público alejamiento de la estrategia armada de ETA­ está a salvo de verse envuelto en este calvario mientras Euskal Herria persista en su intento de transitar el camino que lleve a la soberanía. El Estado intenta castigar y paralizar a través del terror a aquellas personas que están trabajando en la construcción de las bases que contribuyen a que Euskal Herria se mantenga viva, e impedir así que este país tenga una opción de futuro como tal.

La gravedad de la situación es evidente. Esto es un estado de excepción. La cuestión reside, una vez más, en si es posible que todos aquellos que hoy protestan por esta actuación represiva del Estado y dicen tener un interés común en construir Euskal Herria, sean capaces de llegar a consensos mínimos que intenten al menos poner coto a estos desmanes. Y, como acción más urgente, es necesario garantizar que los detenidos sean tratados de acuerdo a los principios básicos de los derechos humanos. -