Otro pilar de la tortura: la impunidad

Se trata de un sistema legal en el que el Parlamento oculta la legislacion especial antiterrorista (aquellas tristemente famosas leyes antiterroristas) en el cuerpo procesal ordinario. El parlamento da vía libre a que los cuerpos policiales detengan y apliquen la legislación antiterrorista (incomunicación) sin ningún requisito previo y concede plena autoridad a los jueces de la Audiencia Nacional para entender sobre la materia. Autorizan estas incomunicaciones y conceden la prórroga de la misma hasta el máximo de cinco días cuando así lo solicitan los cuerpos policiales, sin necesidad de ninguna explicación ni razonamiento concreto para ello.

En este espacio de incomunicación y prórroga de la detención, nadie ajeno a las personas que se encuentran en comisaría (detenidos, policías y funcionarios de la Audiencia Nacional) conocen lo que está sucediendo en ese lugar. Evidentemente se trata de espacios policiales secretos, en los que la práctica de la tortura en casos de detenciones políticas es habitual.

Se tortura tratando de no dejar marcas. La bolsa, la bañera, los golpes con las manos abiertas, las amenazas, vejaciones sexuales, humillaciones, simulacros y amenazas de ejecución... "te voy a machacar y tú luego me denuncias que no me va a pasar nada" le decía un agente de la policía a uno de los detenidos en el 2.000. Claro que no le va a pasar nada, incluso, con un poco de suerte lo ascienden por sus méritos.

Los jueces de la Audiencia nacional no quieren ver que se tortura, hacen la vista gorda cuando realmente se aprecian marcas o el estado psicológico de los detenidos es lamentable. Se basan en el resultado de los interrogatorios policiales para tomar declaración a los detenidos, en definitiva, la tortura también es útil para ellos. Sin embargo, muchas de las personas que han sido torturadas tienen el valor de denunciarlas ante instancias judiciales, y a veces, algunos jueces abren investigaciones y llevan los casos hasta el final, hasta la condena de los torturadores. Esto supone un triunfo a la tenacidad de las personas que han denunciado haber sido torturadas. Tras largos años de lucha (los procesos llegan a dilatarse durante años, 15 años, 17 años, 20 años), logran dejar sentado que realmente ellos fueron torturados. Ahora bien, también supone un pequeño problema para un estado que permite la práctica de la tortura. Es una pequeña brecha en el sistema ideado.

Es en estos casos en los que opera finalmente el gobierno. Los agentes denunciados, imputados y procesados no son apartados preventivamente de sus cargos, no. Continúan en ellos cuando no son premiados con ascensos en sus cuerpos policiales. Una vez condenados el gobierno les saca las castañas del fuego y los indulta. Es el caso de este último indulto.

Diversos organismos internacionales han establecido el marco de la incomunicación como el marco que permite y facilita la práctica de la tortura, han instado al Gobierno español a adoptar medidas para la superación del mismo, pero hasta la fecha estas medidas no han sido adoptadas y se continúa "perdonando" el delito de torturas. El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, el Relator Especial de Naciones Unidas para la Cuestión de la tortura, Amnistía Internacional son algunas de las ONG e instituciones que han interpelado a los sucesivos Gobiernos españoles.

El Relator especial de la ONU Peter Kooijmans, en su informe anual a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el año 1992, señalaba que la impunidad con que actúan los cuerpos policiales y la falta de investigación de las denuncias así como los largos procesos a los que se enfrentan los denunciantes son los pilares de la práctica de la tortura ¿acaso se refería al Estado español?. En el mismo sentido ha manifestado su preocupacion referidas al Estado español el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en varias ocasiones.

A continuación detallamos los indultos concedidos por el Gobierno español a varios torturadores, poniendo en relación los decretos de indulto con los casos de torturas en los que incurrieron y por los cuales recayeron las condenas.